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Helsinki, Finlandia, Agosto 7 de 2008
Dr. Esteban Righi
Procurador Genetral de la Nación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
De mi consideración:
En mi carácter de Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad
Nacional de Córdoba y Premio Nóbel Alternativo 2004 le hago llegar mi preocupación
por la crítica e injusta situación que enfrenta el Fiscal General Dr. Antonio
Gustavo Gómez.
Le estoy escribiendo desde Finlandia, donde
he sido invitado para disertar en el Curso Internacional de Verano que dicta la
Universidad de Helsinki.
El Dr. Antonio Gustavo Gómez ha devuelto a
la ciudadanía la esperanza de contar con una justicia transparente, seria y
sobre todo independiente. Porque de esto trata la Justicia. Durante demasiado tiempo los sectores
económicos más poderosos movieron sus hilos y contactos para frenar cualquier
intento de denuncia de delitos ambientales graves. Durante demasiado tiempo los estados
provinciales privilegiaron las inversiones mineras por encima de la salud de
las personas.
Durante demasiado tiempo Alumbrera Limited
actuó sin que el Estado la controlara. Esto permitió la destrucción de altas
cuencas hídricas, la contaminación de agua y suelo en Catamarca, la reiterada
rotura del mineraloducto interprovincial con subsecuentes derrames de
sustancias peligrosas, y la grave contaminación de las aguas del canal DP2 en
Tucumán. Los residuos que estuvo transportando este canal también habrían
afectado las aguas del embalse de Río Hondo en Santiago del Estero, y por
extensión una parte importante de la cuenca del río Salí-Dulce.
Precisamente el trabajo serio y meticuloso
del Fiscal General dejó al descubierto las abiertas violaciones de Alumbrera
Limited a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051, y la irresponsabilidad
empresaria de sus altos directivos. No es justo ni razonable que las ganancias
desmedidas que obtienen estas empresas se haga a costa de la salud de las
personas, y que sus violaciones a normativa vigente queden impunes. El Fiscal
General Dr. Antonio Gustavo Gómez le mostró a la sociedad y a las empresas
transnacionales que el brazo de la justicia también llega hasta los poderosos.
El caso iniciado ante la Justicia por el
Biólogo Juan Antonio González y que investigó el Fiscal General ya se
transformó en ejemplar y paradigmático a nivel Latinoamericano e internacional.
Cualquier persona o corporación que mueva resortes oscuros y mecanismos
políticos para frenar o distorsionar el juicio provocará un escándalo sin
precedentes. Quienquiera pretenda hacerlo debe saber que esta vez no habrá
silencio. Por este motivo estamos convocando a todos
los Premios Nóbel Alternativo del mundo -entre ellos la recientemente
galardonada con el Premio Nóbel de la Paz, Wangari Maatai- para seguir de cerca
el proceso y hacer conocer internacionalmente cualquier amenaza o presión que
pueda recibir el Fiscal General. Igualmente a Amnesty International y
Transparency International. La irresponsabilidad de algunos poderosos y de sus
socios políticos tendrá esta vez un formidable escollo.
Lamentablemente pudimos conocer, gracias a
organizaciones colegas que contribuyeron a denunciar las tropelías ambientales
de Alumbrera Limited, que el Fiscal General no puede iniciar nuevas
investigaciones preliminares "porque se cuestionan sus facultades para
hacerlas, y no ha recibido el apoyo necesario desde la Procuración General de
la Nación" (Conciencia Solidaria de
Tucumán y ASANOA). Esto adquiere por lo tanto una inusitada gravedad
institucional y social.
El Fiscal General ha actuado equilibradamente
tras escuchar a la empresa y a las comunidades afectadas, y haber valorado
pruebas irrefutables que están debidamente incorporadas al proceso penal. La
posible existencia de un pedido de destitución contra el Fiscal General sería,
además de injusta e improcedente, un acto lesivo para la propia Justicia.
Quienes somos profesores titulares por
Concurso en universidades nacionales y desempeñamos funciones en organismos
internacionales conocemos perfectamente lo que sucedió y sigue sucediendo en La
Alumbrera, y disponemos de documentación pública que acredita la labor
impecable y justa del Dr. Antonio Gustavo Gómez. Al mismo tiempo, tenemos
documentación de igual valía para demostrar en todos los ámbitos que sean
necesarios -incluida la Corte Suprema de Justicia, que demostró un fuerte
compromiso social y ambiental en el caso Riachuelo- el irresponsable y criminal
accionar de la empresa Alumbrera Limited.
Además de rechazar cualquier pedido de
destitución contra el Fiscal General Dr. Antonio Gustavo Gómez, le requerimos
que formalice un explícito apoyo institucional, necesario en este momento, para
que el Fiscal General pueda seguir investigando como lo hizo hasta ahora, en
forma transparente, y libre de ataduras políticas y económicas.
No es posible ni sano para la sociedad
argentina que cuando un Fiscal hace correctamente su tarea en defensa de la ley
y por extensión de la salud de las personas y la protección del ambiente, y se
tocan los intereses de empresas transnacionales, lo que peligre sea la labor
del Fiscal.
Es hora de que nuestro país madure y se
acepte el trabajo de la justicia independiente. De lo contrario estaríamos
retornando a las sombras, al país colonial y a la pérdida de la seguridad
jurídica. Porque de esto se trata. Nacionales y extranjeros deben saber que las
leyes argentinas están hechas para ser cumplidas y que su violación da lugar a
procesos judiciales donde el resultado solo depende de los propios mecanismos
de la Justicia y no de presiones ni amenazas externas. Esto es seguridad
jurídica.
Resultaría inadmisible que además de los
inéditos beneficios que los distintos gobiernos de Argentina y sus normas les
concedieron a las grandes empresas mineras, cuenten ahora, además, con
beneficios judiciales y garantías no escritas de que sus actos no se
investigarán y que sus funcionarios tampoco serán imputados ni procesados.
El Sr. Julián Patricio Rooney y cualquier
otro alto directivo de Alumbrera Limited acusado de contaminación dolosa tienen
que someterse al imperio de la ley y a las decisiones de la justicia como
cualquier ciudadano de Argentina ante una instancia similar porque todos los
ciudadanos somos iguales ante la Ley (Artículo 16 de la Constitución
Nacional).
Sr.
Procurador General de la Nación: necesitamos seguir confiando en la
justicia de los seres humanos. Como ya lo manifestaron públicamente otras
organizaciones de la sociedad civil, a las cuales adherimos, queremos seguir
contando con un fiscal ágil y eficiente que pueda hacer su trabajo libre
de presiones y amenazas. Le requerimos por lo tanto un explícito, fehaciente y
público apoyo a la tarea independiente del Fiscal General Dr. Antonio Gustavo
Gómez.
Sin
otro particular lo saluda atentamente
Dr. Raúl A.
Montenegro, Biólogo.
Profesor Titular de
Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Córdoba.
Premio Nóbel
Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia)
Premio Global 500 de
Naciones Unidas (Bruselas, Bélgica)
Nuclear Free Future
Award (Salzburgo, Austria)
Premio a la
Investigación Científica de la UBA (Buenos Aires, Argentina)
Presidente de FUNAM.
Esta Carta se hace
pública en Argentina y otros países, en español y en inglés.
Con copia a:
Galardonados con el
Premio Nóbel Alternativo (Right Livelihood Award)
Amnesty International
Transparency
International
Red Nacional de
Acción Ecologista (RENACE)
Otras instituciones
nacionales e internacionales
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