El rasgo distintivo de los pueblos indígenas es su aboriginalidad, es decir, la característica de ser los primeros habitantes -autóctonos- en los territorios que habitan y, por lo tanto, antecesores de los sucesivos procesos de ocupación y domesticación jurídica.
Las comunidades indígenas viven hoy mayoritariamente como ciudadanos de segunda categoría en estados-nación modernos que frecuentemente los excluyen so pretexto de ser portadores de lenguas, religiones, culturas y formas de vida percibidas como inferiores por la sociedad dominante.
Sin embargo, a contrapelo de los modelos de homogeneización cultural, expresan cotidianamente su voluntad de preservar la diferencia cultural que los distingue de otros colectivos sociales y se encuentran decididos a fortalecer sus instituciones sociopolíticas para conseguirlo. Al mismo tiempo, aspiran a desarrollar, en el seno de las sociedades nacionales de las que forman parte, nuevas pautas de convivencia social en la diversidad.
Por ser sociedades aborígenes, los pueblos indígenas no sólo reivindican la ocupación continua de tierras ancestrales o al menos de parte de ellas, sino también la calidad del vínculo que los une. Las tierras, el hábitat, el paisaje, el territorio, son más que un medio u objeto de producción. En tanto condensador simbólico de la unidad social, política y cultural del grupo, ellas son la condición indispensable para el mantenimiento de su identidad como pueblo.
Los reclamos territoriales se formulan en términos de propiedad de las tierras que legítimamente poseen. Sin embargo, como medio de ejercer su derecho a decidir, los pueblos indígenas también demandan el control de los recursos naturales y el dominio de los lugares sagrados. Consistentemente con ello, se oponen a cualquier plan de desarrollo -oficial o privado- que no tenga en cuenta su participación en el diseño, planificación y control de los mismos.
Finalmente, es importante enfatizar que el aspecto territorial, en tanto núcleo común de las movilizaciones indígenas en todo el planeta, está íntimamente relacionado con la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer los derechos que invocan6. De ahí que se otorgue una importancia primordial a la consulta y participación efectiva de sus miembros en todos los asuntos que les competen. En virtud de ello, tanto la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) como el Convenio 169 de OIT (art. 6, 7, 8) facultan a los pueblos indígenas para que puedan adoptar sus propias decisiones y decidir libremente las prioridades que estimen pertinentes.

Los Pueblos Indígenas en Argentina
Desposeídos de sus tierras ancestrales y vencidos militarmente, los pueblos originarios fueron incorporados en masa al Estado argentino como pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus propios territorios. Fueron obligados a adoptar una religión y un estilo de vida ajenos. Arrinconados en zonas geopolíticas desfavorables, fueron convertidos en productores de subsistencia y/o proletarios rurales contingentes a las fluctuaciones del mercado capitalista. Por efecto de procesos regionales de migraciones forzosas un importante porcentaje de sus miembros vive en áreas urbanas y suburbanas donde es usual
que deban ocultar su identidad para evitar el maltrato y la discriminación.
Aunque en los últimos tiempos su presencia pública es cada vez más frecuente, subsiste en gran parte de la población el firme convencimiento de que los indígenas son un mero dato del pasado prehispánico que desapareció por efecto de la "natural" evolución de la humanidad. En el mejor de los casos, se los considera un sector de la población que, por mestizaje con el componente europeo de origen español, generó una población criolla que luchó por la independencia. Y, si hoy queda algún remanente, vive predominantemente en áreas rurales, más o menos asimilado, como cualquier otro ciudadano.
A esta peculiar invisibilización ha contribuido también la ideología del "crisol de razas" como experiencia social colectiva que habría borrado definitivamente todas las diferencias a favor de una supuesta unidad racial, cultural y lingüística de la Nación Argentina. Sin embargo, mientras nadie llamaría "mestizo" a un hijo de euroargentinos, quienes tienen un padre o madre indígena son los que más claramente cargan con el estereotipo de "indio", como marca indeleble que confirma la asimetría racializada y fundante que dio origen a la sociedad nacional, legitimando en forma simbólica una relación de dominación que afecta cotidianamente la vida de las pueblos indígenas. Así, es frecuente en el lenguaje cotidiano el uso de versiones peyorativas que asimilan "indio/indígena" a vago, indolente, sucio, bruto, salvaje, haragán.

Cuáles son, cuántos son y dónde están
Frente al vacío censal oficial8 algunas ONG's y organizaciones indígenas han estimado que el número de personas indígenas podría estar entre 800.000 y 2.000.000. Se cree que un porcentaje bastante elevado vive en asentamientos rurales y en forma
comunitaria representando aproximadamente entre un 3% y un 5% de la población total del país. Algunas provincias cuentan con un 17 a 25% de indígenas en su población. Según las fuentes mencionadas, existirían más de 800 comunidades en todo el país mientras que por efectos de la migración urbana en algunas capitales de provincias habría una altísima concentración de familias y personas indígenas Según esta información su composición y distribución sería aproximadamente la siguiente:
Región Noreste (provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe): pueblos Mbya- Guarany, Mocoví, Pilagá, Toba, Vilela y Wichí.
Región Noroeste (provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán): pueblos Atacama, Avá-Guarany, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita- Calchaquí, Kolla, Omaguaca, Tapiete, Toba, Tupí-Guarany y Wichí.
Región Sur (provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego): pueblos Mapuche, Ona, Tehuelche y Yamana.
Región Central (provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza): pueblos Atacama, Avá Guarany, Diaguita-Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, Rankulche, Toba y Tupí Guarany.

  Condiciones socioeconómicas
La destrucción de los recursos naturales Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas están en peligro. La falta de
regularización dominial les impide controlar la devastación ambiental debido al uso irracional de los recursos naturales por parte de no indígenas y la contaminación de sus suelos y fuentes de agua por parte de empresas mineras, petroleras y otras. Al no existir medidas efectivas de protección de la posesión y propiedad de las tierras que

Problemática sanitaria
Además de la destrucción ambiental, la problemática sanitaria en las comunidades rurales se agrava por los siguientes motivos: escasez de agua, asistencia médica deficiente o nula, ausencia de medios de transporte y comunicación, mínima asistencia educativa, ausencia de saneamiento ambiental, control inexistente de plagas y parasitosis animal y humana.
No existen a nivel nacional ni provincial estadísticas desagregadas por origen étnico que permitan conocer el estado sanitario de los pueblos indígenas. Sin embargo, los lugares donde residen actualmente muestran los índices más altos de infecciones agudas tales como la tuberculosis, el mal de Chagas y el cólera, entre otras enfermedades. Según información no oficial, brindada por agentes sanitarios locales, en ciertas zonas rurales la tasa de mortalidad infantil alcanza al 30%. Pobremente alimentados, los niños indígenas parecieran tener su futuro comprometido. Aunque algunas escuelas les proveen una comida diaria, éstas no funcionan durante varios meses del año. La asistencia a clases revela un alto porcentaje de deserción debido principalmente a la discriminación que sufren por parte de maestros y compañeros no indígenas y a la escasez de medios económicos de las familias. tradicionalmente ocupan en todo el país, se acelera el avance de los frentes agrícologanaderos y el desembarco de "mega" proyectos de desarrollo.
En la provincia de Salta, por ejemplo, donde se concentra la mayor diversidad de pueblos indígenas, la tala indiscriminada del monte nativo por parte de empresas forestales y apropiadores no indígenas, la ganadería extensiva a campo abierto, la instalación de emprendimientos agrícolas y las exploraciones petroleras y mineras provocan desertización, empobrecimiento de los suelos y severos daños a la biodiversidad de los diferentes ecosistemas.
En la región sur, los pueblos Mapuche, Rankulche y Teheulche enfrentan cotidianamente la experiencia de ver que "los alambrados se corren de noche". La invasión y el robo de tierras indígenas es la práctica frecuente de terratenientes y comerciantes. En los últimos años el interés de algunas corporaciones multinacionales por las tierras patagónicas ha ido
presionando a pequeños productores locales -en su mayoría indígenas- que, apremiados por un mercado lanar en baja, les venden estancias y haciendas reduciendo aún más las posibilidades de recuperación de sus tierras ancestrales.
Además, no son los indígenas quienes aprovechan el empleo generado por la instalación de las agroindustrias pues su vinculación con el mercado laboral es precaria, inestable o prácticamente inexistente.
Otro problema serio que enfrentan las comunidades de la zona sur es la contaminación petrolera. En algunos territorios, las napas freáticas han sido invadidas por hidrocarburos tornando imposible el aprovechamiento del agua. Las personas indígenas, especialmente niños y ancianos, presentan niveles inaceptables de plomo y mercurio en sangre.
Debido a que se ven forzados a emigrar hacia centros urbanos en busca de trabajo, por la reducción de sus territorios, el alcoholismo, y en menor medida la prostitución, son otros de los serios problemas que afectan a los indígenas más jóvenes.

La asistencia social
En lo que se refiere a la asistencia social, si bien existen a nivel nacional y provincial varios programas11 que atienden las necesidades materiales de los sectores pobres, éstos no reconocen la distintividad de los pueblos indígenas. A su vez, la vía de acceso a ellos suele ser el remanido recurso del clientelismo político, lo que profundiza la dependencia indígena y refuerza su visión como sector vulnerable.
Con sobrados fundamentos, las organizaciones y dirigentes indígenas sostienen que muchos de los graves problemas que afectan la salud de sus familias se podrían solucionar si el estado cumpliera con la normativa vigente en materia de derechos territoriales. La falta de regularización dominial impide la necesaria protección de los recursos alimenticios de que dispone el ambiente lo que condiciona el crecimiento y desarrollo de las nuevas generaciones.

Marco legal vigente
  En 1994 se reformó la Constitución Nacional, incorporando en su artículo 75 el siguiente mandato: "Corresponde al Congreso:
17. "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones".
Nueve de las veintitrés provincias de la Argentina han incorporado en sus constituciones los derechos de los pueblos indígenas. Aun con matices, algunas parecen subscribir el espíritu de la Nacional en tanto otras conservan un tinte integracionista.
En el orden internacional, en 1992, a través de la ley 24.071, Argentina adoptó el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el 2000, se ratificó el Convenio, que entró en vigencia el 3 de julio del 2001.
La ley nacional 23.302 creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entidad descentralizada que actuará como organismo de aplicación de la política indigenista del Estado. Las leyes provinciales, por su parte, crearon organismos semejantes. Todas introducen una serie de medidas positivas tendientes a la "preservación, mejoramiento,
promoción, respeto, desarrollo, y participación" de los ciudadanos indígenas.
Consideradas en su conjunto, las leyes "indigenistas" parecen incorporar el reconocimiento de la diversidad cultural. Sin embargo, este discurso funciona más como estereotipo u obstáculo a sortear que como derecho del que gozan los indígenas.

Mitos ancestrales para proteger la Tierra contra el saqueo de las minas

Escrito por Dr. Jose Manuel Pedrosa -Es

miércoles, 20 de febrero de 2008

El presente texto fue extraído del artículo “ECOMITOLOGÍAS” escrito por el Dr. José Manuel Pedrosa, profesor de Alcalá de Henares. El recorte se debió a la extensión del mismo que está a disposición de quienes lo requieran. Sólo deben escribir a nuestro correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla     Las explotaciones mineras suponen una agresión de proporciones casi insuperables contra el medio natural. En muchos lugares del mundo, y desde muy antiguo, los nativos han desarrollado, en consecuencia, complejos sistemas de creencias, de relatos, de ritos, para compensar a la tierra madre, herida, violada, saqueada, por la violencia sufrida durante la extracción del mineral. De hecho, lo que nosotros llamamos creencias, relatos y ritos de los mineros funcionan, en muchas de estas tradiciones, como un auténtico, profundo, complejo y autosuficiente sistema religioso, absolutamente formal e institucionalizado. Un par de textos ─podrían ser muchísimos más─, documentados en el siglo XX, pero representativos de culturas y de tradiciones diferentes, nos van a permitir vislumbrar el alcance de este tipo de normas regulatorias de la relación del hombre explotador con la tierra explotada, y entender, de paso, la poderosa funcionalidad de los mitos y de los ritos a través de los cuales se expresa esa relación. Nuevo Comentario (0) Hits: 101

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